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Un extenso informe de 135 páginas presentado por un juez brasileño, señala al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, como el líder de un intento de golpe de Estado, o autogolpe. También están implicados un almirante, cuatro generales y veinte civiles,.Enfrentan acusaciones de haber orquestado un plan para invalidar las elecciones que resultaron en la victoria de Lula da Silva el 30 de octubre de 2022.
El 8 de enero de 2023, apenas dos días después del segundo aniversario de la toma del Capitolio en los Estados Unidos, un grupo de militantes radicales afines a Bolsonaro trató de emular dicha acción en el Planalto, la sede de la Corte Suprema y el Parlamento brasileño. Aunque la asonada fue sofocada rápidamente, las implicaciones para sus instigadores apenas comienzan.
El secretario personal de Bolsonaro, Mauro Cid, un militar que admitió su participación en el intento golpista, proporcionó información crucial a las autoridades policiales. Su dispositivo móvil se convirtió en la pieza central de evidencia en el caso contra el expresidente. Cid, quien estuvo detenido durante cuatro meses por falsificar su cartilla de vacunación, optó por cooperar con la Justicia, revelando detalles sobre el intento de interferir en las elecciones, un delito de mayor gravedad con posibles penas significativas para todos los involucrados.
Una reunión de gabinete celebrada el 5 de julio de 2022 fue grabada en video y ampliamente difundida. Durante la reunión, el presidente discutía con sus funcionarios sobre un presunto "fraude" que, según él, el Tribunal Supremo estaba tramando para asegurar la victoria de Lula "en la primera vuelta". Aunque finalmente Lula ganó el balotaje por un margen estrecho, Bolsonaro hizo una declaración que ahora parece profética: "No tengo dudas sobre lo que está ocurriendo. Aunque carezco de muchas pruebas, puedo anticipar que bajaré la rampa de este lugar (el Planalto) bajo cargos de actividades antidemocráticas".
El 18 de julio de 2022, Bolsonaro se reunió con embajadores extranjeros y expresó sus dudas sobre la integridad del sistema de votación de Brasil, a pesar de carecer de pruebas concretas que respaldaran sus afirmaciones. Como consecuencia de esta reunión, el exmandatario fue inhabilitado para postularse a elecciones hasta el año 2030.
Después del balotaje que llevó a Lula a la presidencia y tras varias semanas de protestas, Bolsonaro convocó una reunión con altos mandos de las Fuerzas Armadas en diciembre de 2022. Durante esta reunión, se discutió un posible decreto presidencial para anular las elecciones, detener a dos jueces del Tribunal Supremo y al presidente del Senado, además de convocar nuevas elecciones en una fecha no especificada. Aunque algunos generales expresaron su apoyo a la idea de un golpe de Estado "encubierto", otros abogaron por respetar la continuidad institucional.
A pesar de las afirmaciones de Bolsonaro sobre una supuesta persecución política en su contra, las pruebas presentadas parecen ser contundentes.