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La escena fue caótica en la embajada de México en Quito cuando agentes de la policía ecuatoriana irrumpieron con fuerza, desafiando la inmunidad del recinto diplomático, con el objetivo de detener al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, quien había sido recientemente alojado en la sede diplomática bajo el asilo político otorgado por el gobierno mexicano. Esta acción violó normas del derecho internacional, convenciones diplomáticas y provocó una crisis diplomática entre ambos Estados de proporciones inesperadas.
Glas, una figura política de peso que ocupó la vicepresidencia durante los mandatos de Rafael Correa y, posteriormente, de Lenin Moreno, enfrentaba acusaciones de corrupción. Su arresto, ejecutado con violencia y su posterior traslado a un penal de alta seguridad en Guayaquil, revelaron las grietas en el sistema judicial y político ecuatoriano. Muchos observadores políticos especulan que este episodio fue orquestado como una estrategia de distracción por parte del gobierno de Daniel Noboa, apenas unos días antes de un referéndum crucial que abordaría temas como seguridad, migración y reforma laboral.
El gobierno de Noboa ha adoptado un enfoque duro en materia de seguridad, siguiendo el ejemplo del presidente salvadoreño Nayib Bukele. En enero, declaró el estado de excepción y el estado de conflicto armado interno, lo que permitió el despliegue del ejército en las calles y la militarización de las prisiones en respuesta a una ola de disturbios y la fuga de un importante narcotraficante. Las imágenes de brutalidad policial y militar han inundado las redes sociales, recordando a los ecuatorianos los tiempos oscuros de represión.
A pesar de las afirmaciones oficiales de que los homicidios han disminuido, los datos muestran que la violencia sigue siendo un problema grave en el país. Durante la Semana Santa, se registraron 137 asesinatos, y los secuestros y extorsiones están en aumento. Ecuador se ha convertido en un punto estratégico para el tráfico de drogas hacia Europa y Estados Unidos, con los carteles operando con relativa impunidad gracias a su influencia en los círculos políticos y de seguridad.
El gobierno de Noboa ha buscado consolidar su poder a través de un referéndum programado para el 21 de abril, que pretende legitimar el despliegue militar, facilitar la deportación de extranjeros y modificar la Constitución para abordar cuestiones laborales. Sin embargo, estas medidas han sido ampliamente criticadas por grupos de derechos humanos y sindicatos, que denuncian una agenda antiobrera y antipopular. Además, la reciente represión de manifestantes en Palo Quemado, en la provincia de Cotopaxi, ha generado una ola de indignación entre aquellos que luchan contra la explotación minera y la depredación ambiental.