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Desde su llegada en 2022, el gobierno de Giorgia Meloni, del partido Hermanos de Italia, ha impulsado una agenda que favorece al gran capital, recorta derechos sociales y criminaliza la protesta.
Con el apoyo de La Liga y Fuerza Italia, Meloni ha aprovechado su posición para implementar políticas que afectan gravemente a los sectores más vulnerables, quienes ahora son también el blanco de una creciente represión.
Entre las medidas más controvertidas, destaca la eliminación de la Renta de Ciudadanía, un subsidio vital para las familias pobres, así como la reciente aprobación de la Ley 1660, conocida como “Ley Mordaza”, que establece penas de prisión para manifestantes, huelguistas y quienes participen en ocupaciones. Este endurecimiento del control estatal ha encendido las alarmas entre organizaciones de derechos humanos, que señalan una clara intención de desmovilizar cualquier tipo de oposición.
La Ley Mordaza introduce más de veinte nuevos delitos, incluidas penas de hasta 15 años de cárcel por cualquier tipo de resistencia activa.
El ascenso de Meloni no ocurrió en el vacío. La desilusión con los partidos de centro e izquierda, incapaces de responder a las necesidades de las clases populares, abrió la puerta para que la extrema derecha dominara la narrativa dominante y ganara terreno en la batalla cultural.
No obstante, los movimientos de base resisten. Iniciativas sociales, impulsadas en su mayoría por jóvenes, continúan desafiando al gobierno. Un ejemplo es la masiva recolección de firmas contra la Ley de Autonomía Diferenciada, que amenaza con dividir Italia y profundizar las desigualdades entre el norte y el sur del país.
La resistencia también se manifiesta en las calles contra la militarización de Italia, como en Florencia, donde se han organizado movilizaciones contra la instalación de un nuevo Comando de la OTAN. Estos movimientos podrían ser el germen de una alternativa política que devuelva la esperanza a la sociedad italiana y frene el avance de la extrema derecha.