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(Imagen: La República.pe)
Se desarrolló en Perú una gran movilización popular conocida como ”tercera toma de Lima”, continuidad de las jornadas de protesta llevadas a cabo en ese país desde fines del año pasado y principios de este, con la participación de organizaciones obreras, sociales, campesinas e indígenas contra el gobierno de Dina Boluarte, que asumió el poder mediante un golpe de Estado "blando" que desplazó al presidente Pedro Castillo, de quien era su vice. Desde el comienzo de las marchas, con epicentro en la capital Lima pero replicada en todo el territorio nacional, la violenta represión del gobierno peruano ha dejado decenas de víctimas fatales, cientos de heridos y detenidos. En la jornada de ayer también se registraron choques con la policía y lesionados.
Si bien se suman muchos manifestantes espontáneos indignados con la autoridad golpista, cuyos niveles de aprobación se encuentran por el piso según todos los sondeos, la protesta ha sido principalmente canalizada por diversos organismos que, agrupados en un Encuentro Nacional, acordaron las siguientes consignas de reclamo:
- Renuncia de la golpista Dina Boularte.
- Cierre del Congreso golpista.
- Asamblea Constituyente para una nueva Constitución.
- Libertad de todos los presos políticos desde el inicio de las movilizaciones hasta la actualidad.
- Sanción para los responsables de los 70 asesinatos y más de 1.800 heridos en las jornadas de protesta, y reparación para las familias de las víctimas.
- Salida de las tropas norteamericanas del Perú y defensa de la soberanía nacional
- Rechazo a la privatización de la Educación, la Salud, los recursos naturales, agua, litio y minerales. Desarrollo del agro y alimentación nacional. Trabajo digno con derechos laborales, incremento de pensiones y salarios de acuerdo al costo de vida para todos.
Los manifestantes sostienen que continuarán movilizados hasta que la dirigente renuncie, mientras que Boluarte volvió a cuestionar las marchas y aseguró que no dará el brazo a torcer hasta terminar su “mandato” golpista en 2026. Para entonces, planea imponer junto al parlamento derechista una clásica agenda conservadora, con la destrucción de la jubilación estatal para transformarla en un sistema privado a favor de los banqueros a la cabeza. A su vez, sacar leyes y resoluciones que incrementen las medidas represivas contra el pueblo y el copamiento de las instituciones del Estado por parte de fujimoristas y derechistas para garantizar la continuidad y profundización de un plan ajustador.
Lo que sucedió en Perú con el derrocamiento de Castillo es una muestra más de las limitaciones de los populismos nacionalistas que siempre llevan al fracaso. Es casi una copia de lo que pasó en Brasil con Dilma Roussef, destituida por su vicepresidente Michel Temer mediante un golpe de Estado “blando” en 2016 , quien impuso un plan de gobierno neoliberal.
Para lograr concretar su ambición de poder, estos partidos políticos que se declaran “progresistas”, como el PT en Brasil y PL en Perú, usualmente deben tejer alianzas con fuerzas conservadoras, que cuando vean la oportunidad no dudarán en voltearlos y hacerse con todo el botín del Estado. Boluarte y Temer son dos exponentes perfectos de la nueva modalidad de golpe que tienen los grandes grupos concentrados, frecuentemente en alianza con sectores de la prensa y la justicia, sin recurrir a tanques ni al ejército armado, lo que en cambio sí fue necesario en parte en Bolivia para destituir a Evo Morales e instaurar en el mando a Jeanine Añez, donde las fuerzas armadas debieron asumir un importante rol de presión.
En Perú, intentaron salpicar con denuncias de corrupción a Castillo, un maestro de primaria proveniente de una modesta familia rural, que luego se convirtió en dirigente gremial y llegó a ganar las elecciones presidenciales en 2021 imprevisiblemente, apoyado en su imagen de humildad y renovación. Si bien suele ser considerado de izquierda, Castillo ha realizado declaraciones bastante controvertidas respecto al aborto y el matrimonio igualitario, probablemente bajo influjo del catolicismo que practica. También fue criticado por ciertos nombramientos en su gabinete, a veces debiendo dar marcha atrás rápidamente.
Cuando el congreso estaba decidido a destituirlo, Castillo se vio forzado a intentar como maniobra para continuar en el poder la disolución de ese órgano legislativo y la declaración de un “gobierno de excepción” que le permitiera gobernar por decreto. La jugada tampoco funcionó, generó una ola de críticas por ilegitimidad y denuncias de “autogolpe”. Muchos de sus ministros renunciaron y finalmente, en un estado de convulsión nacional, el congreso votó destituirlo. La policía se lo llevó detenido y al día de hoy continúa preso. Otro triste final para un populismo nacionalista burgués latinoamericano que abre las puertas a la derecha reaccionaria.