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(Foto: David Zorrakino / Europa Press)
En el marco de la crisis del gobierno español del Partido Socialista (PSOE) en alianza con Podemos debido a su debacle electoral en las elecciones locales y autonómicas del mes pasado que obligaron al presidente Pedro Sánchez a adelantar los comicios generales al 23 de julio, ha estallado en todo el país una oleada de huelgas por la creciente carestía y en reclamo de recomposiciones salariales.
La semana pasada, más de treinta mil trabajadores de la industria metalúrgica, naval, automotriz y aeronáutica de Pontevedra, Galicia, paralizaron la actividad industrial de toda la zona en reclamo de aumento salarial y mejores condiciones de trabajo. Bloquearon las carreteras principales y la autopista que une el norte de España con Portugal.
En el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, la inflación del año pasado en España fue del 8,4%, mientras que el incremento de la canasta básica de alimentos superó el 10%.
El gobierno “socialista” en funciones ha respondido desplegando cientos de policías, disparando balas de goma y golpeando con porras a los huelguistas, dejando más de una docena de heridos. Los sindicatos han convocado a nuevos paros para el 6 y el 7 de julio.
Otro sector en huelga son los empleados de comercio. Los trabajadores minoristas de la multinacional de prendas textiles de capitales suecos H & M, una de las más populares de Europa, tomaron una medida de fuerza que se extendió por más de 100 sucursales. Reclaman que la empresa cubra las vacantes provocadas por las bajas por enfermedad o excedencia, que está provocando sobrecarga de trabajo, y que la jornada laboral se amplíe más allá de la jornada a tiempo parcial.
También ha convocado a una huelga la semana pasada el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA) después de que un acuerdo sobre salarios y condiciones de trabajo con Air Europa fracasara.
Por último, en el sector público de trabajadores judiciales, se continuó una serie de huelgas intermitentes y protestas que comenzaron en abril. Exigen aumentos salariales de 350 a 450 euros. La medida, acatada por el 80% del personal, provocó la suspensión de millones de acciones judiciales, desde declaraciones hasta notificaciones, citaciones, comparecencias, juicios, incautaciones, desalojos y procedimientos.
El "progresismo" de PSOE y Podemos busca aplacar el estallido social y escalar la guerra en el extranjero, la misma agenda del conservador Partido Popular (PP) y la ultraderechista Vox, aspirantes a suplantar a este gobierno en debacle. La clase trabajadora ocupada y desocupada española tiene otras prioridades:conseguir empleo, llegar a fin de mes, acceder a la vivienda y otros derechos fundamentales.